La justicia hondureña dio un nuevo paso en uno de los expedientes de corrupción de mayor impacto económico del país. La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ratificó la orden de captura internacional contra el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, y mantuvo el procesamiento de la mayoría de los acusados en el caso “Casas Contenedores”, por un supuesto perjuicio de 294 millones de lempiras al Estado.
Ebal sigue prófugo
La decisión deja sin cambios la orden contra Díaz, quien continúa fuera del alcance de la justicia nacional y, según se conoce, radica en Nicaragua. El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que otras dos personas vinculadas al caso también permanecen sin ser localizadas, con órdenes de captura y alertas internacionales vigentes.
Silva prefirió no revelar sus identidades para no obstaculizar el trabajo de los organismos de seguridad. Precisó que los nombres se harán públicos cuando los requeridos sean presentados ante un juez.
El tribunal también confirmó diez autos de formal procesamiento, por lo que estas personas deberán seguir enfrentando el proceso judicial:
Sonia Morales, Sonia Montoya y Mario Gómez: fraude, administración fraudulenta y violación de los deberes de los funcionarios.
Frank Rodríguez, Luis Aparicio, Liz Moncada, Oscar Mendoza, Rolando Pujol y José Cali: fraude y administración fraudulenta.
José Cortés: administración fraudulenta.
En contraste, la Corte revocó el auto de formal procesamiento contra Carmen Cuadra y Lette Villatoro Flores, a quienes se les concedió sobreseimiento definitivo.
Según Silva, tras notificar a las partes, el expediente regresará al juzgado de letras competente en la materia. Allí se esperará que el Ministerio Público solicite la audiencia preliminar, etapa previa a un eventual juicio oral y público. Si la Fiscalía pide la apertura a juicio y se cumplen los trámites, el caso podría pasar al tribunal de sentencia.
De interés
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el caso se vincula con el proyecto habitacional residencial Morazán, concebido para beneficiar a unas 10 mil familias hondureñas. Sin embargo, la investigación indica que solo 21 contenedores llegaron a ser habitados, lo que habría generado el perjuicio de 294 millones de lempiras.
Con esta resolución, el proceso sigue activo contra diez imputados, mientras la búsqueda internacional continúa para tres personas, entre ellas el exministro Díaz.
