Dicho informe recoge los principales resultados del esfuerzo de observación electoral de las elecciones primarias, desde su convocatoria el 13 de septiembre de 2020 hasta la declaratoria de ganadores emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 13 de abril de 2021.
El documento incluye información recolectada in situ por 93 observadores en 65 mesas electorales receptoras (MER), ubicadas en 21 centros de votación para los tres partidos políticos participantes en siete ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Juticalpa y La Paz.
Entre los hallazgos destacan:
1. Desconocimiento y omisiones procedimentales de los miembros MER que produjeron improvisación y discrecionalidad durante el cierre del proceso de votación y el escrutinio a nivel presidencial.
2. Irregularidades en el listado de electores del cuadernillo de votación y listado adicional, con la permisión de votación a electores que no estaban habilitados.
3. Integración de las mesas incompletas, sin posibilidad de identificar la representación de los movimientos internos contendientes porque las credenciales no lo estipulaban.
4. Provisión de materiales electorales incompletos a los miembros de la mesa electoral.
5. Ausencia de custodios electorales para resolver problemas de logística y velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
Para la etapa poselectoral, el reporte señala que los retrasos en la publicación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) produjeron incertidumbre y tensión entre los candidatos en contienda; así como precandidatos y precandidatas que se autoproclamaron ganadores antes de la emisión de un pronunciamiento oficial del CNE, mientras hubo una proliferación de denuncias de fraude al interno de los partidos políticos y más de 250 impugnaciones.
Ante los resultados de esta veeduría social, la ASJ identificó cinco mejoras que deben tomarse en cuenta para las elecciones generales:
• Mejorar las comunicación y coordinación entre el Registro Nacional de las Personas (RNP), el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Unidad de Política Limpia (UPL) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
• Hacer un inventario de los reglamentos del CNE y revisar lo que hace falta por normar que pueda distorsionar el proceso o resultados.
• Asegurar que los miembros de las MER sean debidamente capacitados, conozcan sus deberes en materia de integridad y las consecuencias por actos de fraude.
• Permitir asistencia técnica electoral internacional. La ausencia de expertos contribuye a la desorganización y al pobre desempeño institucional.
• Asegurar el acceso a la información pública del proceso electoral. Esto debe incluir poder comunicar y explicar de antemano las medidas a tomar en caso de conflictos, caídas del sistema o cualquier otra contingencia.
“La participación electoral de las y los ciudadanos y las lecciones aprendidas en las elecciones primarias deben ser el incentivo que los actores políticos utilicen para hacer los correctivos de cara a las elecciones generales para garantizar el respeto de la voluntad popular y la reconstrucción del sistema democrático” puntualizó Rafael Jerez, oficial jurídico de la ASJ.
Finalmente, la ASJ recomienda reforzar las acciones de prevención contra el COVID-19, ante denuncias de omisión de medidas de bioseguridad durante el desarrollo de las elecciones primarias. El “Informe de Observación Electoral Nacional de las Elecciones Primarias Honduras” se encuentra disponible en www.asjhonduras.com
