Desde hace más de un mes, el centro ALAC de la ASJ solicitó al TSC, que investigará de forma responsable, objetiva e imparcial los hallazgos de las auditorías sociales con el propósito de identificar las responsabilidades del caso. En función de esto, se solicitó que el magistrado presidente, José Juan Pineda Varela, se excusará de conocer y participar en las actuaciones que surjan de la denuncia ante los conflictos de interés, debido que el hijo del magistrado se encuentra casado con la hermana del exdirector de Invest-H. Asimismo, ALAC solicitó que las máximas autoridades procedieran a nombrar un equipo de auditores con capacidad técnica y experiencia comprobada para realizar las investigaciones del caso.
A pesar del perjuicio y clamor social que han producido las irregularidades cometidas por Invest-H, no hemos tenido respuesta del TSC. Ante esta situación de silencio, nos pronunciamos en los siguientes términos:
1. El TSC debe conformar un equipo de auditores lo más pronto posible y dotarlo de los recursos necesarios. Las máximas autoridades del TSC deben nombrar un equipo comprometido, imparcial y capaz de investigar lo denunciado por la ASJ y otras organizaciones de sociedad civil. En caso de no tener la capacidad instalada se debe asignar los recursos presupuestarios necesarios para la asesoría experta y peritaje en la materia. No cabe la excusa que no hay presupuesto, cuando el TSC recibió 40 millones de lempiras para realizar auditorías especiales.
2. El silencio del TSC se puede interpretar como impunidad. La omisión a no responder al mandato legal de la institución constituye una barrera de facto para conocer la verdad y asegurar justicia para miles de hondureños. Las irregularidades cometidas por Invest-H, han puesto en riesgo la salud y la vida de centenares de personas que esperan recibir atención médica por parte del Estado, incluso enlutando a muchas familias en el camino. En tal sentido, el TSC al no responder y dar trámite a la denuncia ciudadana, no solo le niega a ASJ su derecho de petición, más importante aún, le está negando al pueblo hondureño una oportunidad de poder obtener un resarcimiento por el daño social causado.
3. El TSC debe cumplir la ley, caso contrario estaría provocando consecuencias lamentables y costosas para el país. El Estado de Honduras ha ratificado tratados internacionales en materia de derechos humanos y combate a la corrupción, los cuales, en armonía con la Constitución de la República y sus leyes, garantizan los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, sin restricción o limitación alguna. Ante la falta de respuesta del TSC, nos veremos en el deber de promover acciones a nivel nacional e internacional, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones legales por omisión.
Hacemos un llamado enérgico a la población hondureña y medios de comunicación, a ejercer presión a través de los correspondientes canales para asegurar que las irregularidades cometidas por Invest-H no queden en el olvido y en la impunidad. No olvidemos que la corrupción también mata.
